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17 de enero de 2024

LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL ESPAÑOL

El artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) establece que «a todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo».

Una pregunta frecuente es ¿qué tipo de traducción se necesita? ¿Tiene que ser una traducción jurada?

La respuesta la encontramos en el segundo apartado del art. 144 LEC: «Dicha traducción podrá ser hecha privadamente». Por traducción «privada» debemos entender una traducción que no necesariamente tiene que ser jurada.

¿Y qué pasa si se aporta una traducción que no es correcta? Hoy en día, con el uso de la traducción automática, se ven verdaderos desastres, porque la tecnología proporciona herramientas, sí, pero aportar un documento traducido por la máquina sin haber pasado por las manos de un experto no es nada recomendable.

El art. 144 LEC nos dice que la traducción se puede impugnar y se solicita una traducción «oficial»:

[…] si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado.

La traducción «oficial» es una traducción jurada, realizada por un traductor-intérprete jurado, nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Así lo regula el Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27 de agosto:

Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa que realicen los Traductores/as-Intérpretes Jurados/as tendrán carácter oficial, pudiendo ser sometidas a revisión por la Oficina de Interpretación de Lenguas las traducciones cuando así lo soliciten las autoridades competentes.

El traductor jurado certifica con su firma y sello la fidelidad y exactitud de su traducción.

Una última pregunta que suele surgir con respecto a la aportación de documentos probatorios y sus traducciones es: ¿Y qué pasa si esa segunda traducción oficial es prácticamente igual a la privada? El art. 144 LEC nos dice que «si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser sustancialmente idéntica a la privada, los gastos derivados de aquélla correrán a cargo de quien la solicitó». Por tanto, la norma permite impugnar la traducción privada, pero que esto no se utilice como una actuación para dilatar el procedimiento.

La falta de traducción es un defecto subsanable

Por ejemplo, en caso de presentar una demanda con documentos probatorios en lengua extranjera sin su traducción, este defecto es subsanable. La subsanación podrá iniciarse tanto de oficio como a instancia de parte:

  1. De oficio, el artículo 231 LEC establece que «el Tribunal y el Letrado de la Administración de Justicia cuidarán de que puedan ser subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes».
  2. Las partes pueden instar dicha subsanación, tanto la que aportó el documento como la parte contraria.

Si necesitas aportar documentos a tu demanda o contestación a la demanda, pero están en una lengua extranjera, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de expertos en traducción jurídica: barcelona@milponts.com